¿Llegaste, pero no estás seguro?

Los niños son personas jurídicas independientes con necesidades, experiencias y perspectivas propias. Por lo tanto, es importante familiarizarse con los derechos de la infancia y sus implicaciones para los menores refugiados, debatir este tema en el seno del equipo y tener en cuenta activamente estos derechos en la práctica.

Los niños necesitan espacios seguros y protección constante contra la violencia y el abandono. Los docentes y profesionales deben reconocer la violencia física, psicológica y sexual, tomarla en serio y actuar en consecuencia. Las políticas de prevención de la violencia y protección infantil en las instituciones no solo deben existir formalmente, sino que deben implementarse activamente y revisarse continuamente. Las relaciones basadas en la confianza y la estabilidad son un factor de protección fundamental para los niños con experiencias de refugiados. Construir y mantener estas relaciones requiere tiempo, atención y un enfoque basado en el trauma.

Los docentes y profesionales desempeñan un papel crucial en el reconocimiento del sufrimiento psicológico y la derivación de los jóvenes a servicios de apoyo. La información sobre los recursos y la asistencia disponibles debe ser fácilmente accesible, incluso para quienes tienen un estatus migratorio incierto. Los primeros signos de trastornos relacionados con el trauma deben tomarse en serio. Las reacciones psicológicas pueden entenderse como mecanismos de afrontamiento en situaciones de alto estrés. La formación en prácticas adaptadas al trauma puede ayudar a desarrollar respuestas adecuadas.

Una contribución importante reside en facilitar la participación efectiva. Los niños, niñas y jóvenes refugiados deben participar en las decisiones que les afectan. Los docentes y profesionales pueden crear y promover formatos de participación adecuados a su edad, en los que los jóvenes puedan expresar sus opiniones sin temor y experimentar la autoeficacia.

Voluntarios, docentes y profesionales están llamados a enfrentar la discriminación y el racismo, tanto en sus interacciones con familias refugiadas como en contextos institucionales. Esto implica reflexionar sobre sus propias actitudes y estructuras profesionales, identificar incidentes racistas o discriminatorios y actuar contra ellos. De esta manera, pueden asumir un rol de aliados, apoyar el empoderamiento y fortalecer a niños, niñas y jóvenes.

Se pueden lograr grandes avances cuando diversos actores intercambian ideas en redes locales: por ejemplo, escuelas, servicios de salud, servicios para jóvenes, voluntarios y organizaciones de migrantes. Juntos, pueden identificar carencias, gestionar mejor las transiciones y aunar recursos para intervenir con mayor eficacia.

Los docentes y profesionales desempeñan un papel crucial: son testigos de fallos sistémicos, deficiencias de recursos y violaciones de los derechos humanos y de la infancia. Pueden aportar estas experiencias a los debates profesionales, públicos y políticos. Su experiencia contribuye a impulsar mejoras y a exigir estándares basados ​​en los derechos humanos. Si bien la capacidad de acción individual es limitada, la actitud, el conocimiento y el compromiso pueden contribuir al empoderamiento de la infancia refugiada.

1. Ampliar significativamente las opciones de entrada legal. Las políticas actuales de control fronterizo ignoran que prácticamente no existen rutas de escape legales para huir en situaciones de emergencia. Esto obliga a las personas a elegir rutas peligrosas e irregulares. Es urgente ampliar los programas de admisión humanitaria, reasentamiento y procedimientos simplificados de reunificación familiar, especialmente para menores no acompañados y hermanos, para proteger a los niños, niñas y jóvenes.

2. Ofrecer perspectivas fiables de permanencia en el país a todos los niños, niñas y jóvenes que buscan protección, independientemente de su país de origen o estatus de residencia. La incertidumbre y el miedo a la deportación o a los procedimientos de asilo retraumatizan y dificultan la integración. La seguridad y la protección son requisitos previos para un desarrollo saludable. Por lo tanto, los procedimientos de asilo deben estar orientados sistemáticamente a la protección de los niños, niñas y jóvenes refugiados, lo que, lamentablemente, no suele ser el caso en la práctica.

3. El alojamiento debe ser no violento, adaptado a las necesidades de los niños y descentralizado. Muchos niños, niñas y jóvenes refugiados denuncian violencia, abandono y falta de protección en sus alojamientos. Como medida preventiva, se debe exigir que todos los alojamientos cuenten con sistemas operativos y revisados ​​periódicamente para la prevención de la violencia y la protección infantil. Los niños no deben vivir en alojamientos colectivos durante meses o años. Necesitan privacidad, estabilidad, acceso a apoyo y servicios educativos y psicosociales.

4. Protección contra la discriminación y profesionales con conocimiento sobre traumas. La exclusión, el racismo institucional y la falta de acceso a la salud, la educación y otros derechos de la infancia son formas de violencia estructural de las que es necesario proteger eficazmente a los niños, niñas y jóvenes. Esto también requiere un mayor número de profesionales con formación interdisciplinaria y sensibles a la discriminación y el trauma en los servicios para jóvenes, las escuelas, la atención médica y el sistema judicial.

5. Garantizar una atención psicosocial integral y adaptada a las necesidades. El acceso al apoyo psicosocial y terapéutico no debe depender de la residencia. Se necesitan servicios accesibles y gratuitos para niños y familias, así como financiación sostenible para centros especializados (por ejemplo, centros psicosociales) por parte de los gobiernos federal y estatal. La interpretación lingüística en terapia y asesoramiento debe estar consagrada por ley y ser financiada con fondos públicos. Se necesitan procedimientos sistemáticos para evaluar las necesidades (en escuelas, guarderías y centros de acogida) con vías de derivación claras; se deben prevenir las deportaciones a pesar de la enfermedad mental documentada.

6. Garantizar el acceso a la educación y el cuidado infantil. Las guarderías, escuelas, centros de formación profesional y universidades deben estar abiertos independientemente de la residencia. Las trabas burocráticas y la falta de plazas no deben provocar que los niños estén fuera de la escuela durante meses. Las escuelas necesitan recursos, desarrollo profesional y conceptos para una enseñanza adaptada al trauma, así como formatos de aprendizaje flexibles, trabajo social escolar y servicios de apoyo para prevenir el abandono escolar.

7. Fortalecer la participación y las oportunidades de autoeficacia. Los niños, niñas y jóvenes que han sufrido violencia y desplazamiento necesitan espacios donde puedan expresarse, hacerse oír y experimentar la autoeficacia. El derecho a participar en la toma de decisiones debe implementarse de forma sistemática. Se necesita apoyo específico para programas de empoderamiento (por ejemplo, proyectos entre pares, formatos de grupos creativos o actividades de ocio) para fortalecer la autoconfianza y la participación social.