Desde hace más de un mes, Bolivia atraviesa una de sus peores crisis en años. Hay una huelga general indefinida, bloqueos de carreteras en más de 90 localidades del país y manifestaciones masivas, protagonizadas principalmente por comunidades indígenas campesinas, mineros, docentes y trabajadores de diversos sectores. Las ciudades más afectadas son La Paz, la capital de Bolivia, y la vecina El Alto, ciudad con una población mayoritariamente indígena. Ya hay escasez de alimentos y combustible, y los precios de los productos básicos suben a diario.
La organización socia Terre des Hommes Inti Watana, trabaja con niños y jóvenes desfavorecidos en La Paz. Los miembros del personal informan sobre la situación y los antecedentes del conflicto.
¿Por qué protesta la gente?
Para comprender lo que está sucediendo, es necesario analizar tanto la historia reciente como las cifras concretas. Bolivia atraviesa una grave crisis económica: la tasa de inflación alcanzó el 20,4 por ciento a finales de 2025, los salarios apenas alcanzan para subsistir y el Estado ya está agobiado por una elevada deuda externa, mientras que las reservas de divisas han alcanzado un mínimo histórico.
En este terreno frágil, finalmente surgió la chispa que lo encendió todo: una ley de tierras. La Ley 1720, que redefinía la venta y el uso de tierras agrícolas, fue rechazada de inmediato por los campesinos y los pueblos indígenas, quienes la vieron como una forma de concentrar cada vez más la tierra en manos de las grandes agroempresas, a expensas de los pequeños agricultores y las comunidades indígenas. El presidente Paz la derogó poco después, pero el daño político ya estaba hecho.
Sin embargo, el meollo del problema va mucho más allá de esta ley. Muchos de los que hoy salen a las calles habían apoyado al Movimiento al Socialismo (MAS) durante casi dos décadas, el partido que gobernó Bolivia desde principios de la década de 2000 con promesas de cambio social y justicia social para la población indígena, pero que perdió credibilidad con el tiempo debido a disputas internas y decepciones acumuladas. Cansados de este ciclo, muchos exsimpatizantes del MAS optaron en 2025 por Rodrigo Paz, un político centrista que prometió una ruptura con el sistema vigente.
La gente anhelaba una salida ordenada de la crisis e incluso estaba dispuesta a hacer los sacrificios que implicaba la abolición de los subsidios a los combustibles, a sabiendas de que esto provocaría un aumento de los precios. Sin embargo, las medidas de austeridad económica se implementaron sin un pacto social previo y sin una explicación pública convincente, lo que avivó aún más el descontento popular. En cierto momento, surgió la sensación de que se habían traspasado los límites: hoy, una parte importante de la población exige la dimisión del presidente, mientras que la otra lo apoya y pide la declaración del estado de emergencia.
Un conflicto con dos caras
Uno de los niños del proyecto de Inti Watana describió la situación así: “Los bloqueos no son del todo malos. Como no hay carne ni pollo asado, comemos más sano. Como no hay transporte, caminamos. Y como no tenemos adónde ir, pasamos más tiempo con nuestras familias o en Inti Watana, donde hablamos y nos cuidamos unos a otros”. Más allá de esta anécdota, la realidad es dura. La huelga general ya lleva varias semanas. El movimiento carece de un liderazgo unificado y está plagado de contradicciones internas.
El gobierno y los grupos de derecha también organizan manifestaciones con banderas blancas y exigen orden. Los principales medios de comunicación tachan a los manifestantes de "pagados" o los acusan de alborotadores y narcotraficantes. Los comentarios abiertamente racistas contra las comunidades indígenas también son frecuentes.
Al mismo tiempo, se perciben señales preocupantes provenientes del Estado. El Parlamento derogó una ley que restringía el uso del estado de emergencia, una medida que otorga al gobierno mayor margen de maniobra para desplegar al ejército contra las protestas. Dos ministros dimitieron en señal de protesta, y se ha revelado que algunos líderes militares tampoco están dispuestos a actuar sin un marco legal claro que los proteja en el futuro.
El conflicto ya ha cobrado al menos ocho vidas y ha dejado cerca de cien heridos; varios líderes sociales e indígenas han sido arrestados. Esta información proviene principalmente de medios alternativos e independientes, ya que no se dispone de cifras oficiales.
La humanidad se hace patente en las calles
En medio de las tensiones, se produjeron muchos gestos conmovedores: abuelas de comunidades rurales que se acercaban a la carretera para ofrecer agua a los manifestantes, comedores comunitarios que surgían en los puntos de bloqueo, canciones compuestas en plena movilización. La marcha de los indígenas amazónicos fue particularmente impresionante. Algunos habían caminado más de mil kilómetros durante 28 días, desde las tierras bajas hasta La Paz, en la sierra.
Muchos habitantes de la ciudad se preguntan cómo los manifestantes logran mantener los bloqueos durante semanas. La respuesta reside en una tradición cultural: no siempre son las mismas personas. Se turnan a diario: algunos llegan, otros se van, comparten comida y se organizan juntos. Es una forma de resistencia profundamente arraigada en la cultura comunitaria de los pueblos indígenas.
Hay mucho en juego
Bolivia atraviesa actualmente no solo una crisis de gobierno, sino una crisis sistémica cuyos orígenes se remontan a la época colonial. Por un lado están las poblaciones indígenas y rurales, y por el otro, la clase media y las élites económicas, que tradicionalmente ostentaban mayor influencia política y económica; ambos bandos luchan por implementar su visión para el país tras el fin del gobierno del MAS.
Sin esfuerzos de mediación genuinos y cambios estructurales que aborden tanto la crisis económica como las demandas históricas de los pueblos indígenas, este no será el último levantamiento. Bolivia lleva décadas resolviendo sus conflictos más profundos en las calles. Esta vez no es la excepción.
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